Mediación, ¿salida o trampa?

Las competencias legales de las corporaciones locales quedan lejos de la influencia sobre la legislación que regula las deudas hipotecarias pero, al mismo tiempo, las coorporaciones son una de las administraciones que más están notando el impacto, especialmente por la presión que supone para los servicios sociales. Muchos ayuntamientos, de hecho, tienen en marcha fondos para ofrecer ayudas de emergencia en casos de riesgo de deshaucio, o incluso pisos para familias que han perdido la casa, como los centros de alojamiento temporal que espera inaugurar el año que viene Barcelona. Esta suma de factores ha hecho que la mayoría de los municipios hayan desarrollado en los últimos dos años servicios de mediación para intentar evitar que los confictos entre una familia y una entidad bancaria, con una hipoteca por el medio, acaben desalojando. Es una actuación preventiva que muy a menudo también se encuentra con la dificultad de anticiparse al conflico, ya que muchas familias ocultan su situación y los juzgados no comparten los cifras sobre ejecuciones hipotecarias en el territorio con los ayuntamientos.

El objetivo de las oficinas de mediación es conseguir una salida para el impago de la familia, generalmente buscando un refinanciamiento del crédito alargando el plazo, o bien buscando salidas como, por ejemplo, el alquiler social del hogar, que pasa a manos del banco o incluso la dación en pago. La fórmula para poner en marcha un servicio de mediación en este ámbito, generalmente depende de un convenio con otro ente: en muchos casos a través de la Oficina de la deuda de la Agencia de la Vivienda de la Generalitat, pero también muchos otros ofrecen el mismo servicio a través de acuerdos con entidades, como el Colegio de Abogados de la región o Cáritas.

Terrassa fue el primer municipio que puso en marcha una oficina de este tipo con la ayuda del Colegio de Abogados de la ciudad. Ya ha atenido a unas 500 familias, además de servir de modelo para otras poblaciones, informa Jordi Alemany. La red de la Oficina de la Deuda dependiente del gobierno ha llegado a acuerdos con diversos ayuntamientos y consejos comarcales, y justo el miércoles pasado firmaba un convenio con la Diputación de Barcelona, con tal de dar servicio a toda la demarcación.

Cambio de táctica
Desde el 2010 este servicio de mediación calcula que ha atendido a más de 2000 familias. Otras ciudades, como Tarrgana, se plantean crear un servicio parecido a corto plazo, y otros, como Lleida, tienen pendiente la puesta en marcha.

Para la PAH, esta mediación a menudo es una huida porque no va al fondo del problema. “Nadie se plantearía hacer una mediación entre un agresor y una víctima de violencia, porque la administración ha de proteger al débil. Aquí estamos tratando como iguales una entidad bancaria y una persona víctima de una legislación injusta”, sentencia el portavoz, Ada Colau. Los temores de la plataforma se centran en los casos en que la mediación se cierra con un alargo del crédito hipotecario, en “condiciones peores” que las iniciales y que se puede traducir “en un desalojo de aquí a dos años”. La PAH considera que la relación “de buena fe” con las entidades bancarias ya ha demostrado que no da frutos, y que hace falta cambiar de estrategia.

Fuente: elpuntavui.cat