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NOTICIA: Los colegios deberán contar a partir del curso que viene con un COORDINADOR DE ACOSO y la VIOLENCIA contra la infancia
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Tal como lo adelantó en su momento, la creación de la figura del Coordinador de Bienestar y Protección a raíz de la LOPIVI (Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia) fue vista como un gran avance.
Sin embargo, tras su implementación en los centros educativos, diversos informes de organizaciones como Educo y UNICEF han señalado que la figura "falla en la teoría y en la práctica" y que su puesta en marcha ha sido un fracaso o presenta graves deficiencias.
Principales Fracasos y Desafíos en la Implementación
Falta de Presupuesto y Recursos: Ninguna comunidad autónoma ha destinado un presupuesto específico al puesto de coordinador de bienestar. Sin inversión, los centros educativos no pueden asumir los gastos ni los procedimientos e iniciativas necesarios para generar entornos seguros, lo que hace la propuesta inviable.
Disparidad Normativa y Falta de Claridad: El desarrollo normativo es desigual entre las comunidades autónomas, que tienen las competencias educativas transferidas. Esto provoca una protección desigual del alumnado en función de la región. Se ha criticado la ausencia de un decreto estatal que exija unos mínimos obligatorios en cuanto a funciones, horas exclusivas y formación, generando dudas e inseguridades entre los profesionales.
Tiempo Insuficiente y Sobrecarga Laboral: Los coordinadores a menudo carecen de horas liberadas o dedicación exclusiva para desempeñar sus funciones de manera efectiva. Para muchos profesores que asumen el cargo, se ha convertido en una sobrecarga de responsabilidades sin el reconocimiento adecuado, siendo calificado internamente como un "marrón" o una tarea extra.
Formación Insuficiente: Más del 80% de los centros carecen de la formación especializada suficiente para el profesorado que asume el rol, a pesar de la complejidad de los casos que deben abordar. La formación inicial (cuando existe) es considerada escasa (a veces entre 10 y 30 horas) y sin acompañamiento posterior.
Falta de Apoyo Externo: Se han reportado carencias en los recursos externos, como los servicios sociales, lo que frustra la labor del coordinador. En algunos casos, se han reportado derivaciones de casos graves a servicios sociales que tardan hasta siete meses en tener respuesta.
En resumen, la figura, concebida como el eslabón clave para la protección integral de la infancia, ha sido implementada como un "mero trámite" en muchos centros debido a la falta de recursos, apoyo y una normativa clara y homogénea, lo que ha impedido que sea la herramienta eficiente y resolutiva que se esperaba.
